La Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) es un componente esencial de toda organización moderna, no solo por el cumplimiento legal que exige el Estado, sino por su impacto directo en la productividad, el bienestar del personal y la sostenibilidad del negocio.
En Ecuador, el Ministerio de Trabajo establece un conjunto de obligaciones tanto para los empleadores como para los trabajadores, enmarcadas principalmente en el Acuerdo Ministerial MDT-2023-135 y el Código del Trabajo, que promueven la prevención de riesgos laborales y la corresponsabilidad entre las partes.
Comprender estas responsabilidades no solo permite evitar sanciones, sino también construir una cultura organizacional basada en la prevención y el respeto a la vida.
El empleador es el principal responsable de garantizar condiciones laborales seguras, implementar sistemas de gestión y promover la salud de su personal. Algunas de sus obligaciones más relevantes son:
El incumplimiento de estas disposiciones puede conllevar sanciones económicas, clausuras temporales y responsabilidades civiles o penales en caso de accidentes graves.
El trabajador, por su parte, tiene un rol activo en el cumplimiento y fortalecimiento del sistema. La normativa ecuatoriana reconoce su corresponsabilidad en la prevención de riesgos, estableciendo deberes concretos, entre ellos:
Esta participación activa permite detectar oportunamente los riesgos, fortalecer la comunicación interna y crear ambientes laborales más seguros.
La seguridad laboral no puede depender exclusivamente de un área o de una figura jerárquica. Es una responsabilidad compartida que requiere liderazgo del empleador, compromiso del trabajador y una gestión permanente basada en la mejora continua.
Cuando ambas partes asumen su rol con responsabilidad, el sistema de SSO deja de ser un requisito legal para convertirse en una ventaja competitiva, capaz de mejorar la productividad, reducir el ausentismo y fortalecer la reputación corporativa.
El cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional es un deber compartido entre empleadores y trabajadores. Su correcta aplicación garantiza no solo el respeto a la ley, sino la preservación del activo más valioso de cualquier organización: su gente. La corresponsabilidad, la capacitación continua y la comunicación efectiva son los pilares para alcanzar una cultura de prevención sólida y sostenible.